El Gobierno de Puerto Rico enfrenta actualmente la peor crisis fiscal en décadas, o quizás la peor de su historia. Las alternativas de financiamiento han sido cerradas y menos fondos están ingresando a través de los impuestos a la economía cada vez más reducida. Luego de intentar y no lograr reestructurar $69 mil billones en deuda la isla aún debe a los acreedores y el anterior gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, no corrió para la reelección. Además, una acusación federal ha alegado que su administración ha sido culpable de amiguismos y favoritismos (aunque este comportamiento no es endémico a esta última administración o partido político).
Actualmente hay una Junta Federal de Control Fiscal recién nombrada que ha recibido amplia y profunda autoridad sobre todos los asuntos financieros de Puerto Rico. Dependiendo de la perspectiva, esto ha sido recibido con esperanza para unos o indignación para otros. Pero la medida final de su valor será en si pueden tomar decisiones difíciles para cambiar la economía de la isla. Esta Junta debe exigir una reforma fundamental, porque si se deja en las manos de los partidos políticos, la isla nunca volverá a reestablecer su economía. Una parte importante de esta reforma necesaria, está en cambiar la manera en que el gobierno actualmente compra sus bienes y servicios. El gobierno debe traer al siglo 21 el proceso de licitación para proyectos públicos, o la economía de la isla continuará colapsando.